Violencia mediática como herramienta de poder: la Justicia frena a una red de difamación digital con vínculos políticos.

En una resolución judicial que marca un antes y un después en el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó duras medidas contra tres operadores digitales acusados de utilizar plataformas informativas como instrumentos de hostigamiento y daño hacia mujeres, exponiéndolas sin consentimiento, vulnerando su intimidad y afectando su integridad emocional, social y profesional.

Los imputados son Mario Rubén Casalongue, titular de Agencia Nova y Minuto Nacional; Santiago Sautel, de Realpolitik; y Ulises Catriel Cuenca, de La Postal de Mar del Plata. Todos ellos forman parte de lo que ya se investiga como una estructura articulada de difamación digital con motivaciones políticas, económicas y de disciplinamiento público.

El fallo, dictado en el marco de la causa con intervención de la Defensa Oficial en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del Dr. Ricardo De Lorenzo, establece medidas concretas: el bloqueo inmediato, la desindexación y eliminación de publicaciones que contengan material íntimo (real o adulterado) o de desnudez de las víctimas —Lilia Adela Bolukalo Lemoine, Lourdes Anahí Palavecino y Valeria Marilú Medina— sin su consentimiento.

Además, se impuso la prohibición total de contacto con las víctimas por cualquier medio —incluso redes sociales—, una restricción perimetral de 300 metros y la advertencia expresa de que cualquier incumplimiento podrá ser considerado desobediencia judicial, conforme al artículo 239 del Código Penal.

La difamación mediática como herramienta de daño: cuando informar se transforma en señalar

En los últimos tiempos se ha vuelto cada vez más frecuente observar cómo ciertos medios de comunicación, lejos de cumplir con su rol informativo y de interés público, incurren en prácticas que rozan —o directamente cruzan— los límites del respeto, la veracidad y el derecho a la intimidad.

Bajo la excusa del periodismo, se habilitan operaciones de desprestigio contra ciudadanos que, sin condena judicial ni instancia legal alguna, son expuestos mediáticamente como culpables o vinculados a hechos sin pruebas fehacientes. Este fenómeno no solo atenta contra el principio básico de la presunción de inocencia, sino que instala en la sociedad una cultura del escarnio público muchas veces irreversible.

Cuando un medio publica el rostro, el nombre y datos personales de alguien acusado —pero no condenado—, el daño es profundo y muchas veces irreparable, más allá de cualquier desmentida futura o fallo judicial absolutorio. La frontera entre informar y dañar se desdibuja cuando la cobertura mediática se transforma en presión, castigo o espectáculo.

En lugar de investigar con rigurosidad, se prioriza el impacto, el morbo, el titular fácil. Y no se repara en las consecuencias humanas, sociales y legales que eso genera. La libertad de prensa es esencial en toda democracia, pero también lo es el derecho a la defensa, a la privacidad y al buen nombre. Ambos deben convivir con responsabilidad: uno no puede atropellar al otro.

Frente a estos casos, hay que recordarlo con firmeza: la ética periodística no es un lujo, es una obligación. Los medios tienen poder de formar opinión, pero también tienen la responsabilidad de no destruir vidas en nombre de la primicia.

Mar del Plata: causas judiciales activas y un entramado de poder

Aunque el caso principal tramita en CABA, en Mar del Plata también se investigan hechos similares, que ya tienen implicancia judicial. En el Juzgado Civil y Comercial N° 6 de esa ciudad, tramita la causa «GÓMEZ ANA MARIELA S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)», Expte. N° 120657, donde se dictaron medidas contra el portal La Postal de Mar del Plata por la difusión de información falsa.

En ese expediente, Ulises Cuenca, empleado de Casalongue, procedió a eliminar enlaces del sitio web, reconociendo de forma implícita la falsedad de los contenidos difundidos. El accionar judicial dejó en evidencia el uso sistemático de medios de comunicación para ejecutar campañas de difamación con fines políticos o personales.

Fuentes con conocimiento de la causa sostienen que en el centro de esta red se encuentra un grupo de pseudo-periodistas vinculados a operadores políticos y sindicales, financiados por sectores con intereses directos en manipular la opinión pública. Las acciones legales en curso no sólo buscan reparación, sino también desarticular el aparato detrás de la violencia simbólica ejercida desde estas plataformas digitales.

Este modus operandi —la «opereta», como lo llaman desde los entornos políticos— ya no puede pasar inadvertido. Lo que antes parecía solo “una nota polémica” hoy tiene nombre, contexto, responsables y consecuencias judiciales. No es lo mismo hacer periodismo que armar operaciones.

La ética no es optativa

Los medios tienen poder. Pero ese poder conlleva una responsabilidad ética ineludible. Publicar nombres, rostros y situaciones personales sin verificación, sin autorización y sin condena, no es periodismo. Es linchamiento mediático.

El uso de medios de comunicación para exponer, dañar y someter a personas, sin respetar su derecho a la intimidad ni su presunción de inocencia, constituye una forma de violencia institucional y de género.

Hoy la Justicia comienza a poner límites. Pero el verdadero desafío es romper el pacto de silencio que durante años permitió que estas prácticas se multiplicaran con total impunidad.

Porque NO ES LO MISMO hacer periodismo que operar para destruir.