Ruido interno y cuenta regresiva: a 15 días del cierre, el PRO y la UCR enfrentan su hora crítica en Buenos Aires
Se achica el margen para definir alianzas
A quince días del cierre legal para la presentación de alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires, el escenario político se encuentra atravesado por tensiones cruzadas, disputas internas y decisiones que marcarán el rumbo de las principales fuerzas opositoras de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre. El plazo vence el 9 de julio, y la cuenta regresiva ya empezó a correr de manera implacable.
En ese contexto, el PRO bonaerense transita su momento más crítico. El 29 de mayo, una reunión virtual convocada por el presidente del partido, Cristian Ritondo, dejó al desnudo las diferencias que atraviesan a la estructura. Participaron alrededor de quince dirigentes de peso, entre ellos diputados nacionales, senadores provinciales e intendentes con responsabilidad territorial en distintos distritos. El encuentro, que tenía como objetivo avanzar en los términos de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), derivó en un intenso cruce de posturas. Por un lado, un sector que rechaza compartir espacios con referentes libertarios que han sido críticos con sus gestiones y que exigen conservar el control de los primeros lugares en las boletas. Por otro, un grupo más cercano a la Casa Rosada, que busca cerrar un entendimiento estratégico que garantice presencia en el armado nacional.
En medio de ese tironeo interno, la figura de Karina Milei se vuelve central. La secretaria general de la Presidencia y principal armadora política del oficialismo ha sido categórica: cualquier acuerdo deberá darse bajo el paraguas del sello libertario, sin estructuras paralelas ni fórmulas compartidas. La boleta será la violeta, y quien se sume deberá hacerlo bajo las condiciones impuestas por el oficialismo. Esa postura, innegociable desde el entorno libertario, genera resistencia en muchos intendentes del PRO, que temen perder la autonomía política en sus territorios y quedar subsumidos por una lógica electoral centralizada que no reconoce los equilibrios locales.
Mientras tanto, en paralelo a esta disputa, otro conflicto amenaza con desestabilizar a la Unión Cívica Radical en el distrito de General Pueyrredon. En mayo, la Justicia Federal con competencia electoral ordenó repetir las internas partidarias en Mar del Plata y otros seis distritos, tras detectar graves irregularidades en el proceso anterior. El fallo, que lleva número de expediente y firmeza jurídica, establece que la UCR deberá convocar a nueva votación dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, y concretarla en un plazo máximo de 120 días. Esta decisión coloca a la conducción radical local bajo una sombra de ilegitimidad institucional, justo en un momento clave para definir alianzas, candidatos y estrategias en el tablero electoral.
La combinación de estos dos procesos la fractura potencial del PRO y la impugnación judicial sobre la interna radical plantea un panorama inédito de incertidumbre. La cuenta regresiva hacia el 9 de julio no solo marca una fecha de cierre administrativo, sino que delimita el margen para resolver las fracturas internas, legitimar liderazgos y evitar que el caos interno se traslade a las urnas. Todo indica que los próximos días serán definitorios para el futuro político de las principales fuerzas opositoras en la provincia de Buenos Aires, y el resultado de esas definiciones podría alterar no solo el mapa electoral, sino también las relaciones de poder hacia dentro de los partidos.
