La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios de Karina Milei, la cautelar, la carátula y el trasfondo político
El escándalo de los audios atribuidos a Karina Elizabeth Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, llegó a los tribunales. El lunes 1 de septiembre de 2025, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N.º 5, a cargo del juez Alejandro Patricio Maraniello, dictó una medida cautelar que ordena el cese inmediato de la difusión de grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.
La causa fue registrada bajo la carátula “CCF 13408/2025 – MILEI KARINA ELIZABETH s/ MEDIDAS CAUTELARES” y se inició a partir de una presentación del Gobierno el viernes 29 de agosto de 2025, tras anunciarse que medios y plataformas digitales publicarían fragmentos de esas grabaciones.
Qué resolvió la Justicia
El fallo es provisorio pero de cumplimiento inmediato y se centra en un punto preciso: impedir la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a Karina Milei.
El juez aclaró que la medida es excepcional, acotada y temporal, y que no pretende constituir “censura previa”.
Ordenó oficiar al ENACOM para que notifique a medios de comunicación y redes sociales la prohibición, incluso fuera del horario habitual de trabajo.
La restricción solo aplica a nuevas publicaciones; no alcanza a aquellos audios que ya habían sido difundidos antes de la resolución.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en la red X:
“La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”.
El trasfondo, audios, denuncias y acusaciones de corrupción
Las filtraciones de fines de agosto ya habían puesto al Gobierno en jaque. En esos registros, atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Diego Spagnuolo), se mencionaban presuntos sobornos en la compra de medicamentos, con retornos que, según las acusaciones, habrían beneficiado directamente a la Secretaría General de la Presidencia.
Los montos denunciados oscilarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, lo que desató allanamientos, secuestro de dinero y la apertura de una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón.
El Gobierno respondió denunciando una “operación de inteligencia ilegal” y acompañó la cautelar con una denuncia por espionaje ilegal, presentada por el Ministerio de Seguridad.
Campaña electoral a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires (7 de septiembre) y semanas de las legislativas nacionales de octubre.
Mercados y opinión pública: la crisis ya impacta en la imagen del Gobierno, con protestas en actos públicos, caída en los índices de aprobación y tensión en el frente económico.
El fallo abre una discusión sensible: ¿cómo equilibrar el derecho a la información con la protección de comunicaciones privadas en el corazón del Estado?
