El falso testimonio no es un error, es un delito. Y cuando viene desde un cargo estatal, la gravedad se multiplica.

La historia de una mentira: el caso Andrea Karina Vázquez

Había una vez un niño, un padre y una madre. El niño se llamaba Tomás. El padre, Pablo, era obstetra, trabajador de la salud, de guardias largas y silencios forzados. La madre, Andrea Karina Vázquez, era funcionaria municipal en La Matanza. Ocupaba un cargo sensible: subdirectora de Acceso a la Justicia en el área de Género. Profesora universitaria, especialista en niñez, alguien cuya voz era escuchada en congresos, foros y espacios de militancia. Nadie habría dudado de su palabra.

Pero la verdad es tozuda. Y la verdad llegó.

El fiscal Jorge Bettini Sansoni, de Lomas de Zamora, avanzó con una denuncia penal contra Vázquez por los delitos de falso testimonio calificado, instigación al falso testimonio y asociación ilícita. ¿El motivo? Las declaraciones de su propio hijo, Tomás, hoy adolescente. Ante la Justicia, rompió el silencio: confesó que había mentido. Que su madre lo manipuló. Que no hubo abuso. Que el relato fue inducido, armado, sostenido durante años para destruir a su padre. Y lo logró. Pablo fue encarcelado, perdió su profesión, su reputación, sus vínculos. Y más de una década de vida.

Andrea no actuó sola. La denuncia penal incluye a peritos, abogados y colaboradores que, según la acusación fiscal, formaban parte de una estructura organizada para fabricar pruebas falsas y sostener una causa judicial que nunca debió existir. Se investigan vínculos institucionales, avales académicos y recursos estatales que habrían sido puestos al servicio de una venganza personal. Y se evalúa si esa red actuó en otros casos.

Lo que sacude no es solo la falsedad de la denuncia. Es la identidad de quien la articuló. Andrea Karina Vázquez no era una ciudadana común. Era autoridad pública. Su cargo en políticas de género la colocaba en una posición de extrema responsabilidad. Tenía poder, formación jurídica, contactos. Y si se prueba que usó ese poder para mentir, manipular a su hijo y destruir al padre de ese niño, el daño es incalculable.

El derecho protege a quienes denuncian con valentía, a quienes rompen el silencio frente a la violencia. Pero también debe actuar con rigor ante quienes se valen de esa confianza pública para torcer la justicia. El falso testimonio no es un error: es un delito. Y cuando viene desde un cargo estatal, la gravedad se multiplica.

Hoy Andrea está imputada. Y aunque aún no hay condena, el relato construido durante años empieza a desmoronarse. El chico que antes callaba ahora habla. El padre que antes era señalado como monstruo, empieza a recuperar su dignidad. Y la madre, funcionaria, referente, activista, enfrenta el abismo de una causa judicial que podría llevarla a prisión.

Este no es un caso más. Es una alerta. Porque si el Estado protege a quien fabrica denuncias, abandona a quien necesita justicia. Y porque los discursos vacíos sobre derechos pierden sentido si se usan para venganzas personales o ambiciones políticas.

La historia de Tomás, Pablo y Andrea ya no es la que se contó en los expedientes durante años. Ahora empieza a escribirse desde otro lugar.

No es lo Mismo.-