De la cúpula policial al banquillo de los acusados
La caída de José Luis Segovia, ex jefe departamental de Mar del Plata
Durante años, el comisario mayor José Luis Segovia caminó con autoridad por los pasillos de la Jefatura Departamental de la Policía Bonaerense en Mar del Plata. Con más de tres décadas en la fuerza, había alcanzado uno de los cargos más altos a nivel local. Pero el 8 de mayo de 2024, su carrera terminó abruptamente: fue arrestado en su propio despacho, señalado como el presunto jefe de una asociación ilícita enquistada en la estructura de seguridad.
La investigación que lo expuso comenzó silenciosamente en 2023, pero tuvo raíces aún más profundas. Fue producto de un cúmulo de causas judiciales: robos a edificios lujosos como el de Cabo Corrientes, delitos financieros cometidos desde cuevas cambiarias del centro marplatense, y operaciones policiales que no cerraban del todo. Entre escuchas telefónicas, declaraciones cruzadas y datos bancarios, los fiscales Fabián Fernández Garello y Marcos Pagella empezaron a reconstruir un entramado que conectaba a policías bonaerenses, federales, financistas y hasta un abogado penalista con actividad paralela.
Durante cuatro años se acumularon pruebas. En mayo de 2024, todo confluyó en una serie de allanamientos simultáneos autorizados por el Juzgado de Garantías. Segovia fue arrestado en plena jornada laboral. Lo esposaron en su oficina. Ese mismo día cayeron otros uniformados, entre ellos agentes en actividad y retirados, mientras que se libró orden de captura nacional para el abogado Lautaro Resúa, acusado de colaborar en el armado de causas judiciales truchas.
La acusación contra Segovia es severa. La fiscalía lo ubica como jefe y organizador de una red que habría manipulado expedientes, cobrado protección a cuevas financieras, extorsionado a particulares, montado causas falsas y encubierto delitos graves cometidos por terceros. En total, se le imputan delitos como asociación ilícita, encubrimiento agravado, falsedad documental, estafas procesales, abuso de autoridad y exacciones ilegales. Además, enfrenta otra causa por acoso a una oficial de policía.
Su defensa, encabezada por el abogado Martín Bernat, intentó sin éxito anular parte de la causa, argumentando que las escuchas telefónicas estaban viciadas y que no había pruebas directas de su intervención. El juez de Garantías Daniel De Marco desestimó ese planteo. No sólo confirmó la validez de las actuaciones, sino que además ordenó la elevación a juicio oral y público. Según su resolución, de más de 60 páginas, existen elementos de convicción suficientes para suponer que Segovia no solo conocía la estructura delictiva, sino que la dirigía.
Con la causa elevada, y pese a la gravedad de los hechos, Segovia obtuvo en junio de 2025 el beneficio del arresto domiciliario. El juez lo justificó en razones médicas y procesales, bajo estricta vigilancia electrónica y con la prohibición de comunicarse con otros imputados o testigos.
En total, son 16 los acusados. Algunos están excarcelados, otros bajo arresto domiciliario, y varios aún permanecen detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán o en cárceles del conurbano. Todos irán a juicio, donde deberán responder por una supuesta red criminal que, de probarse, dejará al descubierto una maquinaria de corrupción con anclaje institucional.
La causa ya fue girada al Tribunal Oral Criminal correspondiente. En los próximos meses se definirán fechas, pruebas, listas de testigos y posibles acuerdos procesales. Pero una cosa está clara: el proceso pondrá sobre la mesa uno de los casos más delicados y estructurales que ha enfrentado la justicia marplatense en los últimos años. Una historia donde el poder, los negocios y el delito parecen haberse confundido peligrosamente.
