El valor de la defensa: el Dr. Hernán Emilio Seivane logró el sobreseimiento en una causa sin sustento real
En un contexto marcado por el abuso institucional de herramientas legales, el abogado Seivane encabezó con solvencia y determinación la defensa de dos personas injustamente acusadas. La causa fue archivada, pero el daño ya estaba hecho. La política empieza a reaccionar: proyectos legislativos para sancionar las falsas denuncias.
“Una mentira repetida institucionalmente no se convierte en verdad. Se convierte en daño.”
En un escenario donde las denuncias infundadas se transforman en armas, el caso de dos empleados municipales, deja un precedente significativo, Ambos fueron arrastrados a una causa penal por una denuncia por amenazas carente de pruebas, sostenida únicamente por el recorrido institucional de su denunciante.
La acusación partió de una empleada municipal que impulsó su relato a través de múltiples canales institucionales, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y las áreas de Políticas de Género del propio municipio. Lo que no consiguió sostener con evidencia, lo sostuvo con relato y presión institucional. Mientras tanto, la causa avanzaba, sin juicio, sin pruebas firmes, pero con efectos reales: deterioro reputacional, afectación emocional, y desconfianza pública.
Frente a este contexto, la defensa técnica del Dr. Hernán Emilio Seivane se impuso con firmeza y solvencia jurídica. No fue solo un planteo procesal: fue una defensa ética, clara y estratégica que nunca perdió de vista la desproporción del caso ni los principios del debido proceso.
Finalmente, el Juzgado de Garantías Nº 4 dispuso el sobreseimiento definitivo de Lovato y Gómez, en virtud del archivo dictado el 29 de diciembre de 2023 y del plazo legal establecido por el artículo 323 inciso 7 del Código Procesal Penal bonaerense. Seivane logró lo que la verdad necesitaba: ser reconocida formalmente.
Sin embargo, el cierre procesal no clausura el daño causado. ¿Quién responde por el desgaste de un proceso que jamás debió iniciarse? ¿Qué responsabilidad institucional se asume ante el uso reiterado de recursos públicos para alimentar una denuncia sin sustento?
Este caso pone en agenda una problemática cada vez más visible: la utilización de denuncias como mecanismo de presión, represalia o manipulación política o laboral. La gravedad de estos hechos no se limita al plano penal: erosionan el funcionamiento del Estado, banalizan los mecanismos de protección reales y desacreditan a quienes verdaderamente necesitan amparo institucional.
Una respuesta desde la política
La diputada nacional Lilia Lemoine impulsa un proyecto de ley orientado a sancionar con firmeza las denuncias falsas, previendo consecuencias penales y patrimoniales para quienes instrumentalicen el sistema judicial y administrativo con fines espurios.
Lemoine ha sido clara en sus intervenciones públicas: no puede haber impunidad para quienes usan la mentira como herramienta de poder. Su iniciativa legislativa, acompañada por otras voces como la senadora Carolina Losada, busca reparar un vacío legal que hoy permite que se denuncie sin pruebas y se dañe sin consecuencias.
“La verdad necesita abogados valientes. Pero también necesita leyes que no premien a los mentirosos”.
El Dr. Hernán Emilio Seivane cumplió su rol con excelencia profesional y valentía ética.
Hoy, el expediente se archiva. Pero lo que se vivió deja una lección pendiente: el sistema debe revisar sus mecanismos, y la sociedad debe exigir que el uso espurio de la denuncia no sea más una forma de poder encubierto.
Porque la próxima mentira puede hacer aún más daño y no todos tendrán una defensa como la que ofreció el Dr. Seivane.
No es lo mismo ser acusado que ser culpable. No es lo mismo ser denunciado que haber hecho algo y no es lo mismo callar que defenderse.
El expediente se cerró. Pero la herida social queda abierta. Que este caso sea un límite, sea un gran inicio.
NO ES LO MISMO.
