Acoso y silencio en Licencias de Conducir en el partido de General Pueyrredón: el Ejecutivo municipal debe actuar ya para erradicar la violencia y romper con la impunidad
La revictimización como respuesta estatal frente a la violencia de género
Un nuevo y gravísimo episodio de violencia de género sacude al Municipio de General Pueyrredón, con epicentro en el área de Licencias de Conducir. A pesar de antecedentes públicos como la cesantía en 2022 de un delegado sindical denunciado por hostigamiento psicológico las prácticas misóginas, el acoso laboral y la violencia sistemática hacia las trabajadoras persisten. Todo se agrava por la inacción institucional y la protección sindical a los agresores.
En este nuevo caso, una trabajadora municipal denunció formalmente ante el Área de Políticas de Género una serie de hechos que configuran un patrón sostenido de violencia psicológica y simbólica, ejercida por cinco agentes varones del mismo ámbito laboral. Por respeto a su intimidad y conforme a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, se preserva su identidad.
Como señaló la diputada nacional Mónica Macha (UP):
“El Estado no puede ser cómplice ni espectador. Cuando una trabajadora denuncia violencia, la ética institucional exige actuar con firmeza, protección y reparación. No hacerlo es revictimizar.”
Reiteradas denuncias, mismas respuestas ineficaces
La denunciante ya había alertado por prácticas humillantes y hostigamiento por parte del mismo grupo de agresores. ¿La única respuesta institucional? Una capacitación general bajo la Ley Micaela (27.499), que lejos de modificar las conductas, se usó como escudo administrativo para encubrir la falta de sanción real.
La Ley Micaela obliga a capacitarse en perspectiva de género a toda persona que ejerza función pública. Ignorar o minimizar hechos de violencia es una falta grave. No hay equidistancia posible frente al acoso. El silencio institucional, la burocratización de las denuncias y la revictimización mediática también son formas de agresión.
Represalias, exposición y más violencia
Tras la nueva denuncia en noviembre de 2024, el hostigamiento se intensificó. La trabajadora fue víctima de represalias: grabaciones no autorizadas durante su jornada laboral, fotos tomadas sin consentimiento, burlas públicas, cantos obscenos, vigilancia intimidatoria y difusión de contenido con identificación explícita de la víctima.
Como expresó la diputada Carla Carrizo (UCR):
“La violencia laboral de género es política: lo que el Estado tolera, lo que encubre, lo que calla, también construye cultura. Y esa cultura hay que transformarla.”
También la actriz Érica Rivas resumió con claridad:
“Cuando una mujer denuncia, no busca venganza, busca justicia. Y la justicia empieza por no exponerla, no silenciarla, no dejarla sola.”
Violación de la intimidad y complicidad institucional
La exposición de datos personales en portales de noticias y la reproducción de contenido dentro del propio ámbito laboral violan los derechos garantizados por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la confidencialidad prevista en la Ley 26.485. La revictimización pública fue brutal.
Como advirtió la senadora Anabel Fernández Sagasti (UP):
“Los pactos de silencio institucional son otra forma de violencia. La ética pública no puede construirse sobre el encubrimiento.”
Licencias pagas para los agresores, aislamiento para la víctima
La respuesta del Ejecutivo municipal fue conceder licencias con goce de haberes (Código 68) a los denunciados. Una medida que no sanciona, sino que beneficia a los agresores, al tiempo que aísla y deja expuesta a la víctima.
Algunos de estos agentes ya tenían antecedentes disciplinarios: sumarios, sanciones, inhabilitaciones por alcoholemia y licencias psiquiátricas, lo que incluso dificultaba su reubicación. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) acompaño públicamente, y protegiendo a los agentes.-
El exjuez y referente en derechos humanos Carlos Rozanski fue contundente:
“El encubrimiento institucional es una forma de complicidad activa. No hay ética sin acción reparadora.”
Una trabajadora que eligió no callar
En un reciente encuentro con la empleada afectada, relató el desgaste emocional y psicológico sufrido por el hostigamiento sistemático, pero también compartió un mensaje poderoso:
“Me sentía atrapada en un ciclo de miedo, ansiedad y estrés postraumático que me paralizaba. Hoy, gracias al acompañamiento psicológico y el respaldo legal, recuperé la confianza para actuar con determinación y esperanza.”
Describió síntomas compatibles con desvalimiento emocional, baja autoestima y sensación de vulnerabilidad. Hoy, con asistencia integral, rompe el silencio para exigir justicia y reparación.
Porque no es lo mismo mirar para otro lado que actuar.
No es lo mismo contarlo que vivirlo.
Y no es lo mismo silenciar que reparar.
El Municipio de General Pueyrredón tiene la obligación ética, política y legal de garantizar un entorno laboral libre de violencia. Actuar con firmeza y perspectiva de género no es una opción: es un deber institucional.
NO ES LO MISMO.
